México cuenta con una infraestructura de telecomunicaciones en expansión, pero los indicadores utilizados para medir la cobertura, la competencia y el consumo pueden ocultar importantes desigualdades en el acceso efectivo a los servicios. Así lo plantea un informe estratégico de TeleSemana.com, que identifica diferencias entre las estadísticas disponibles y las necesidades reales de usuarios y localidades. Uno de los ejemplos es el número de líneas móviles: mientras la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) contabilizó 146.1 millones de líneas activas al cierre de 2025, The Competitive Intelligence Unit (The CIU) estimó 161.6 millones. La diferencia supera los 15 millones de líneas y responde a metodologías distintas: el regulador considera líneas que registran tráfico, mientras la consultora estima el parque comercial. Esta distinción también modifica la participación calculada de los operadores móviles virtuales, que representarían entre 12% y 19% del mercado, según el indicador utilizado. El informe advierte que combinar estadísticas con criterios diferentes puede distorsionar las evaluaciones sobre competencia, cuotas de mercado y adquisiciones. Una situación similar ocurre con la cobertura de fibra óptica: aunque nueve de cada diez mexicanos viven en municipios donde existe disponibilidad de esta infraestructura, el análisis por localidad identifica alrededor de 52,000 comunidades que requieren intervención de red y donde habitan cerca de 24 millones de personas. Esto significa que la presencia de infraestructura en una cabecera municipal no garantiza que todos sus habitantes tengan acceso efectivo al servicio.
Las diferencias también se reflejan en los hábitos de consumo y en la capacidad de pago de los usuarios. Según el informe, el ingreso promedio mensual por usuario móvil alcanzó aproximadamente 151 pesos durante el segundo trimestre de 2026, mientras cuatro de cada cinco líneas pertenecen al segmento de prepago. En contraste, los operadores móviles virtuales registran ingresos estimados de entre 58 y 70 pesos mensuales por usuario. Estas cifras muestran que el ingreso promedio puede representar de manera limitada a una parte importante del mercado, especialmente entre consumidores que deciden realizar recargas de acuerdo con sus recursos disponibles y necesidades inmediatas. En este contexto, los operadores virtuales vinculados con comercios, servicios financieros y plataformas de distribución han encontrado oportunidades para atender segmentos que los modelos tradicionales no siempre consiguen monetizar. Sin embargo, ampliar el acceso también requiere resolver obstáculos institucionales y económicos. Una evaluación del Centro de Estudios e Investigación en Asuntos Públicos (CEIAP) sobre las políticas digitales de las 32 entidades federativas asignó al componente de infraestructura digital una calificación promedio de 0.12 sobre uno; 15 estados obtuvieron cero y ninguno alcanzó la mitad del puntaje posible. El informe señala carencias en la cartografía pública de infraestructura y diferencias entre municipios en los procedimientos, costos y plazos para autorizar despliegues. A esto se suma el costo del espectro radioeléctrico, cuyo marco fiscal no depende directamente del regulador sectorial y que, según el análisis, se relaciona con devoluciones de frecuencias, licitaciones con escasa participación y una recaudación efectiva decreciente. El documento advierte que estas condiciones pueden limitar los recursos disponibles para ampliar y densificar las redes.
Al mismo tiempo, el mercado atraviesa una transformación en sus modelos de negocio. La operación anunciada entre Movistar México y Melisa/OXIO plantea una estrategia centrada en la gestión de clientes y servicios sin poseer directamente la infraestructura de acceso, mientras que el acuerdo de Grupo Televisa y Fintech para adquirir AT&T México, valuado en 2,000 millones de dólares, busca integrar una red móvil nacional y cerca de 25 millones de suscriptores con actividades de banda ancha fija, contenidos y servicios satelitales. Ambas operaciones están sujetas a sus respectivos procesos y condiciones de cierre, pero ilustran distintas formas de competir mediante la integración de infraestructura, distribución y servicios. El informe también dimensiona el esfuerzo económico necesario para cerrar las brechas de conectividad: estima una inversión inicial de 744 millones de dólares, otros 400 millones para la última milla y 230 millones anuales de operación, además de apoyos para mejorar la asequibilidad. De acuerdo con las encuestas oficiales citadas, alrededor de 55% de los hogares sin internet señala motivos económicos para no contratarlo y cerca de 35% afirma que no le encuentra utilidad, mientras una proporción considerablemente menor identifica la falta de disponibilidad como causa principal. Por ello, TeleSemana concluye que ampliar la infraestructura no basta para garantizar una mayor inclusión digital: México necesita estadísticas comparables y precisas, coordinación entre autoridades, condiciones que faciliten la inversión y modelos comerciales adaptados a las necesidades de cada segmento. El avance del sector deberá medirse no solo por las redes desplegadas, sino también por la cantidad de personas que pueden acceder a ellas, mantener su conexión y aprovecharla en sus actividades cotidianas.
