La propuesta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para simplificar la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en México podría enfrentar impugnaciones legales debido a la posible creación de permisos federales adicionales y a la duplicación de requisitos que actualmente corresponden a las autoridades estatales y municipales. Un análisis elaborado por el consultor legal y regulatorio David Gorra Flota advierte que el proyecto de la Ventanilla Digital Nacional de Telecomunicaciones y Radiodifusión podría incorporar nuevas cargas administrativas, en lugar de reducir las barreras que retrasan el despliegue de redes. Aunque la iniciativa contempla beneficios como la integración de expedientes digitales, la estandarización de documentos y la clasificación de obras según su magnitud, el especialista cuestiona si la legislación vigente permite establecer un régimen de autorizaciones federales previas. El tema cobra relevancia ante un escenario en el que, según el diagnóstico citado en el análisis, las empresas pueden enfrentar hasta 20 trámites locales y periodos promedio de 1.4 años para desplegar infraestructura.
El proyecto de la CRT clasifica las obras en pequeñas, medianas y grandes, con procedimientos diferenciados que contemplan avisos para los proyectos de menor escala y permisos federales para los de mayor magnitud, cuyos plazos de resolución podrían alcanzar 45 y 60 días hábiles, respectivamente. Sin embargo, Gorra Flota señala que las empresas tendrían que obtener primero las autorizaciones estatales y municipales correspondientes y, posteriormente, tramitar el permiso federal, lo que podría generar duplicidades y prolongar los tiempos de ejecución. Entre los requisitos cuestionados se encuentran los proyectos estructurales, las memorias de cálculo y las responsivas de directores responsables de obra, documentos que también pueden formar parte de los procedimientos municipales de construcción. El análisis advierte, además, sobre posibles conflictos en la distribución de competencias, ya que los municipios cuentan con atribuciones constitucionales en materia de desarrollo urbano, zonificación, uso de suelo y licencias de construcción. El consultor considera que la propuesta debe delimitar con mayor precisión las facultades de la CRT y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), especialmente porque la legislación distingue entre la regulación sectorial y las funciones de homologación y simplificación administrativa. También señala que la falta de una distribución legislativa más precisa de competencias podría abrir la puerta a controversias constitucionales.
Como alternativa, Gorra Flota propone que la Ventanilla Digital opere principalmente mediante avisos y registros de obras, con requisitos proporcionales a la escala de cada proyecto, en lugar de establecer una autorización federal previa adicional. Asimismo, plantea desarrollar un catálogo técnico nacional que sirva como referencia común para las autoridades locales y cuya adopción pueda impulsarse mediante convenios de colaboración. Este esquema permitiría a la CRT recopilar información, promover criterios técnicos homogéneos y facilitar la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno sin sustituir las facultades municipales. El especialista también recomienda revisar la compatibilidad de la nueva propuesta con los lineamientos de despliegue emitidos por el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 2020, a fin de evitar incertidumbre sobre las disposiciones aplicables. La discusión será relevante para los operadores que necesitan instalar fibra óptica, antenas y otros elementos de red para ampliar la cobertura y capacidad de sus servicios. El desafío para la autoridad será diseñar un mecanismo que realmente reduzca los tiempos y costos de instalación, sin generar procedimientos adicionales ni conflictos sobre las atribuciones legales de las autoridades federales y locales.
