El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 4 de noviembre de 2026, la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para fomentar las transacciones digitales y disminuir la dependencia del efectivo en el país. El nuevo marco jurídico está integrado por 22 artículos y cinco disposiciones transitorias, y mantiene prácticamente el contenido del proyecto original presentado por el Ejecutivo ante el Congreso de la Unión. Entre sus principales objetivos se encuentra aprovechar la infraestructura financiera existente, particularmente herramientas como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), Cobro Digital (CoDi) y Dinero Móvil (DiMo), para facilitar las operaciones electrónicas entre personas, empresas e instituciones. La legislación también contempla modificaciones relacionadas con la apertura de cuentas bancarias y la simplificación de trámites financieros. Asimismo, establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán implementar las acciones necesarias para aceptar medios de pago digitales y electrónicos en la realización de trámites y la prestación de servicios públicos, ampliando así los espacios en los que podrán utilizarse estas herramientas.
Entre las nuevas atribuciones contempladas en la legislación destaca la facultad del Banco de México (Banxico) para regular las cuentas bancarias de depósito a la vista, con el propósito de adaptarlas a las necesidades de los usuarios. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá determinar los sectores y actividades económicas en los que será obligatorio aceptar exclusivamente pagos digitales y electrónicos. Esto significa que la nueva ley no establece la eliminación total del efectivo, sino que permite delimitar actividades específicas en las que deberán utilizarse medios de pago electrónicos. Otro de sus componentes es el reconocimiento oficial de la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como instrumentos válidos de identificación, que podrán utilizarse para facilitar la apertura remota de cuentas bancarias y la contratación de servicios financieros. Estas disposiciones buscan reducir trámites presenciales, simplificar los procesos de identificación y aprovechar las herramientas digitales para ampliar el acceso al sistema financiero. Además, la incorporación de medios electrónicos en los servicios gubernamentales podría impulsar su adopción entre ciudadanos y empresas, al ofrecer nuevas alternativas para realizar operaciones y cumplir obligaciones administrativas.
Uno de los principales desafíos para la implementación de esta legislación será modificar los hábitos de pago de la población, debido a la persistente utilización de billetes y monedas en las actividades cotidianas. Según información del Banco de México, al 16 de octubre de 2026 la base monetaria alcanzó los 3 billones 521,069 millones de pesos, lo que representó un incremento anual de 237,584 millones de pesos. Aunque este indicador no mide exclusivamente el efectivo utilizado directamente por la población, refleja la magnitud de los recursos monetarios en circulación. Además, un estudio de Banxico correspondiente a 2025, publicado el 7 de octubre de 2026, señala que 98% de la población utiliza billetes y monedas para realizar sus gastos diarios. Estas cifras evidencian la dimensión del cambio que implica impulsar los pagos digitales en un país donde el efectivo continúa teniendo una presencia predominante. La nueva ley establece un marco para aprovechar la infraestructura de pagos existente y ampliar su utilización, pero su impacto dependerá de la implementación de las disposiciones, la aceptación de los medios electrónicos por parte de instituciones y comercios, y la capacidad de la población para acceder y utilizar estas herramientas financieras.
