El Gobierno de México publicó el Reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad, con aplicación en todo el territorio nacional y cuyo objetivo es establecer las disposiciones administrativas necesarias para cumplir con la Ley de Infraestructura de la Calidad. El nuevo Reglamento entró en vigor el 7 de septiembre de 2026 y representa un cambio importante en el marco regulatorio relacionado con la normalización, estandarización y evaluación de bienes, productos, procesos y servicios. Con su entrada en vigor, también queda abrogado el Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización publicado en 1999, junto con sus reformas y aquellas disposiciones que se opongan al nuevo ordenamiento. Para las empresas, organismos y autoridades involucradas en procesos de normalización, el cambio marca la transición hacia un nuevo esquema regulatorio.
Uno de los puntos más relevantes es el tratamiento de las Normas Mexicanas (NMX) que ya se encontraban vigentes. Estas continuarán aplicándose hasta que la Secretaría publique en el Diario Oficial de la Federación su declaratoria de cancelación o, en su caso, exista un Estándar vigente que regule el mismo bien, producto, proceso o servicio. Además, los Comités Técnicos de Estandarización, Sujetos Facultados para Estandarizar, Organismos Nacionales de Estandarización y Autoridades Normalizadoras tendrán un plazo de 36 meses improrrogables para emitir los nuevos Estándares correspondientes en las materias donde actualmente existan Normas Mexicanas vigentes. Si durante ese periodo no se generan los estándares correspondientes, la Secretaría podrá publicar la declaratoria de cancelación de dichas normas.
El nuevo Reglamento establece así un periodo de transición de tres años que será especialmente relevante para empresas y sectores sujetos a estándares técnicos, procesos de evaluación de la conformidad y disposiciones de normalización. La sustitución progresiva de las Normas Mexicanas por Estándares deberá ser monitoreada por los sectores involucrados, ya que los cambios pueden impactar requisitos técnicos, procesos internos y criterios aplicables a determinados productos y servicios. Para las empresas, conocer qué normas continúan vigentes, cuáles podrían ser sustituidas y qué nuevos estándares serán emitidos será clave para mantener el cumplimiento regulatorio durante esta transición. El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2026, y sus disposiciones comenzaron a aplicarse tres días después.
