La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), encabezada por Norma Solano, mantiene mesas de diálogo con representantes empresariales y directivos del sector para identificar obstáculos administrativos que dificultan el despliegue de infraestructura y la llegada de nuevas inversiones. De acuerdo con el análisis publicado por J. Jesús Rangel M. en Milenio, uno de los principales planteamientos de la industria es eliminar la duplicidad de requisitos entre autoridades federales, estatales y municipales. El diagnóstico presentado identifica que los proyectos de instalación de redes pueden enfrentar hasta 20 trámites estatales y municipales, cuyos procesos de autorización tardan en promedio 1.4 años. Estos retrasos generan incertidumbre, elevan los costos de los proyectos y limitan la expansión de la conectividad. La discusión se desarrolla tanto en reuniones institucionales como en el marco de la consulta pública digital sobre la Ventanilla Digital Nacional para Trámites de Telecomunicaciones, una iniciativa que busca simplificar los procedimientos y establecer mecanismos más eficientes para gestionar las autorizaciones necesarias. La modernización de estos procesos es considerada una demanda prioritaria por empresas de telefonía, proveedores de internet y compañías que requieren conectividad para operar centros de datos.
El tema también tiene implicaciones en la relación comercial entre México y Estados Unidos. En septiembre, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) convocó a identificar barreras comerciales y distorsiones que afectan las exportaciones estadounidenses hacia 75 países y la Unión Europea, incluido México. Como antecedente, durante 2025 el organismo señaló aspectos relacionados con la regulación mexicana de telecomunicaciones y cuestionó determinadas prácticas del sector, entre ellas licitaciones cerradas que, según sus observaciones, carecían de transparencia y podían generar condiciones discriminatorias. En el ámbito nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió recientemente un criterio sobre las facultades de los distintos niveles de gobierno para regular los trámites relacionados con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, al determinar que esta materia corresponde al ámbito federal. Este pronunciamiento refuerza la necesidad de coordinación entre las autoridades y de revisar los procedimientos locales que pueden obstaculizar la instalación de redes. Según el diagnóstico citado, la CRT lleva más de diez meses trabajando en la identificación de estas barreras, considerando que el desarrollo de las telecomunicaciones puede contribuir significativamente al crecimiento económico y a la productividad del país.
En las mesas de trabajo también participan la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), presidida por Rafael Sánchez, y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), encabezada por José Antonio García. Ambas organizaciones forman parte del diálogo con la CRT para aportar propuestas que permitan mejorar la coordinación institucional y evitar que las inversiones queden detenidas por procedimientos administrativos duplicados o criterios distintos entre autoridades. El objetivo de la Ventanilla Digital Nacional es facilitar la gestión de permisos, dar mayor claridad a las competencias de cada instancia y generar condiciones más previsibles para los proyectos de infraestructura. Este esfuerzo cobra relevancia porque la conectividad se ha convertido en un elemento indispensable para el desarrollo de actividades económicas, la transformación digital y el acceso a servicios. Además de su importancia comercial, el acceso a internet representa un derecho humano, por lo que agilizar el despliegue de redes constituye un componente fundamental para ampliar su disponibilidad y evitar que las barreras administrativas limiten el desarrollo del sector.
