La salida de AT&T y Telefónica del mercado mexicano de telecomunicaciones ha generado cuestionamientos sobre las condiciones para invertir y competir en el país. Elena Estavillo, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y directora general del Centro-i, advirtió que estos movimientos van más allá de un cambio de propietarios y reflejan obstáculos que siguen afectando al sector. La adquisición de AT&T México por parte de Televisa, sujeta a las autorizaciones correspondientes y al cierre de la operación, podría fortalecer la posición del grupo en el negocio móvil, pero no incorporaría un nuevo operador, sino que concentraría los activos de una compañía existente en manos de otro participante del mercado. Estavillo señaló que el fortalecimiento de Televisa podría mejorar su capacidad competitiva, aunque consideró necesario prestar atención a la salida de empresas extranjeras. Por su parte, Telefónica redujo su presencia como operador con infraestructura propia al migrar hacia un modelo de operador móvil virtual y posteriormente acordó vender su negocio mexicano a OXIO. Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (CIU), coincidió en que estos movimientos reflejan dificultades para competir en condiciones equitativas. El especialista recordó los antecedentes de empresas extranjeras que abandonaron el mercado mexicano, como MCI Worldcom, que operó mediante Avantel, y France Télécom, y señaló que la reconfiguración podría dejar menos participantes, aunque con mayor capacidad. En este escenario, indicó, la competencia deberá reflejarse en inversiones, ampliación de cobertura y renovación de infraestructura para generar beneficios a los consumidores.
Entre los principales obstáculos identificados por Estavillo se encuentra el costo del espectro radioeléctrico, un recurso esencial para ofrecer servicios móviles. La excomisionada sostuvo que los derechos por su utilización han representado una carga financiera importante, reduciendo los incentivos para invertir y afectando de manera desigual a los operadores, especialmente a aquellos con menor escala, para quienes estos pagos representan una proporción mayor de sus costos. Aunque se ha planteado reducir los derechos asociados al espectro, consideró que esa medida, por sí sola, no resolvería las dificultades estructurales del sector. También señaló los costos y retrasos relacionados con el despliegue de infraestructura, derivados de trámites locales, licencias, cobros elevados y posibles actos de corrupción en distintas localidades del país. Estas barreras dificultan la expansión de las redes y limitan la capacidad de los operadores para ampliar su cobertura y disputar usuarios a las empresas dominantes. Además, sus efectos trascienden al sector de telecomunicaciones, ya que la infraestructura de conectividad es fundamental para la digitalización de los servicios públicos, los pagos y diversas actividades económicas. Por ello, Estavillo planteó la necesidad de revisar la política pública para facilitar las inversiones y generar condiciones que permitan una competencia más amplia y sostenible.
Otro de los desafíos será la revisión de las reglas de preponderancia, cuya regulación específica deberá ser evaluada por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) en el marco de los cambios institucionales y legales. Estavillo recordó que este esquema se estableció en 2014 y sostuvo que buena parte de su estructura se ha mantenido pese a la evolución del mercado y a la creciente interacción entre los servicios tradicionales de telecomunicaciones y las plataformas digitales. A su juicio, la revisión representa una oportunidad para determinar si las medidas actuales siguen siendo adecuadas y si requieren cambios de fondo, en lugar de ajustes menores. Respecto a los usuarios, la especialista no prevé efectos inmediatos por la adquisición de AT&T México, dado que se trata de una operación en marcha; las consecuencias dependerán de las decisiones comerciales que adopte Televisa sobre las marcas, los servicios y los paquetes que ofrecerá. El resultado de la reorganización del mercado estará condicionado tanto por la estrategia de las empresas como por la capacidad de las autoridades para atender las barreras de entrada, impulsar la inversión y preservar alternativas competitivas. La revisión regulatoria será, por tanto, una prueba para la nueva autoridad antimonopolio y para la política pública del sector, en un momento en que la salida de operadores internacionales vuelve a poner sobre la mesa las condiciones necesarias para mantener un mercado dinámico y ampliar los beneficios para los consumidores.
