Telnor, empresa de telecomunicaciones con operaciones principalmente en Baja California y algunos municipios de Sonora, enfrenta un conflicto laboral tras la separación de alrededor de 200 trabajadores sindicalizados, ocurrida el 8 de septiembre. De acuerdo con la representación sindical, los empleados fueron separados sin que previamente existieran acuerdos con el sindicato ni convenios individuales para terminar la relación laboral, mientras que representantes de la empresa ofrecieron liquidaciones a los trabajadores a cambio de formalizar su salida. Los movimientos habrían afectado a personal de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito y San Luis Río Colorado, con alrededor de 80 casos concentrados en Tijuana, según información sindical. Trabajadores consultados señalaron que rechazaron firmar su renuncia y posteriormente se les solicitó entregar herramientas de trabajo, además de que algunos accesos a plataformas internas fueron deshabilitados, mientras el Sindicato de Telefonistas solicitó la intervención de autoridades laborales al considerar que se trata de despidos injustificados; la Secretaría del Trabajo de Baja California ya participa como mediadora en el conflicto.
La situación laboral ocurre en un contexto de presión financiera para Telnor y su empresa relacionada, Telmex, después del impacto de una sanción regulatoria vinculada con presuntos incumplimientos de obligaciones de regulación asimétrica impuestas al agente económico preponderante en telecomunicaciones. La multa originalmente ascendía a 1,311 millones de pesos, pero con su actualización financiera el cargo reconocido por Telmex alcanzó 1,791 millones de pesos, afectando los resultados del grupo. Durante el segundo trimestre de 2026, Telmex reportó un EBITDA de 7,127 millones de pesos, cifra 7.2% menor a la registrada en el mismo periodo del año anterior; la empresa señaló que, sin considerar el efecto extraordinario de la sanción relacionada con Telnor, su EBITDA habría crecido 9.9%. El origen del expediente se remonta a obligaciones de Telnor relacionadas con la disponibilidad de información sobre infraestructura pasiva, particularmente postes y pozos, que debía estar disponible para que otras empresas pudieran conocerla y eventualmente contratar capacidad; el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones sancionó a Telnor en 2020 por incumplimientos relacionados con la información disponible en su Sistema Electrónico de Gestión, mientras que América Móvil ha calificado posteriormente la sanción como “desproporcionada”.
A estas presiones se suma el peso de las obligaciones laborales de largo plazo de Telmex, especialmente las relacionadas con jubilaciones y pensiones. La Obligación por Beneficios Definidos de Telmex alcanzó 294,892 millones de pesos en 2024, mientras que los activos destinados a financiar estos compromisos sumaron 156,368 millones, dejando una diferencia de 138,525 millones de pesos en el plan de pensiones. Durante 2025, la compañía destinó 37,176 millones de pesos al pago de pensiones y primas de antigüedad, un incremento de 4.1% respecto al año anterior. En este escenario, el conflicto por la separación de trabajadores de Telnor representa un nuevo punto de tensión entre la empresa y el Sindicato de Telefonistas, mientras el grupo enfrenta simultáneamente costos regulatorios, obligaciones laborales de largo plazo y la necesidad de mantener inversiones y operaciones dentro de un mercado de telecomunicaciones que continúa transformándose. El desarrollo del proceso laboral y las condiciones bajo las cuales se concretaron las separaciones serán determinantes para conocer el alcance final del conflicto.
